La crisis sanitaria generada por la covid-19 ha impactado fuertemente las economías en la región. Creer que esta pandemia generará una respuesta coordinada a nivel latinoamericano es irreal. Creer que tres países se pueden poner de acuerdo para solicitar un trato distinto en la maraña de la arquitectura financiera internacional, no tanto. A menos que quieran jugar al filo del precipicio y poner en riesgo la dolarización de sus economías
El Salvador, Ecuador y Panamá tienen como denominador común el sistema dolarizado de sus economías. Cada uno de estos tres países adoptó este sistema de manera prácticamente unilateral y sin acuerdo previo con Estados Unidos. Solamente Panamá firmó un “convenio monetario” en 1904, en el cual se determinaba que Panamá usará el dólar y que restringía la emisión de moneda nacional, el Balboa, a un monto limitado de moneda fraccionaria. Esto se dio en el contexto de la decisión estadounidense de construir el canal interoceánico. En el caso de Ecuador, en el año 2000, y de El Salvador, en el año 2001, la dolarización se dio tras debacles económicas, prácticamente de manera forzada y en momentos en que la idea de la dolarización unilateral rondaba como el remedio para las desordenadas economías latinoamericanas.
Ninguno de los tres países dolarizados cuenta con un acuerdo con su contraparte del Norte para compartir derechos de señoreaje o con mecanismos para movilizar dólares en momentos que estos mengüen en los países dolarizados. De cierta manera, es entendible que nunca se hayan dados estos acuerdos: por un lado, es imposible imaginar que Estados Unidos acepte compartir su derecho soberano de emisión de moneda; por otro lado, los proponentes de la dolarización, en especial en Ecuador y El Salvador, vendían los potenciales beneficios de la dolarización como cantos de sirena que superarían cualquier costo.
Los sistemas dolarizados han traído ventajas y desventajas. Unos dirán que tener sistemas dolarizados es la panacea y otros argumentarán lo contrario. Se podría decir que lo más evidente es que en los países dolarizados se ha evitado que las garras de la politiquería tomen presa a la política monetaria y así evitar crisis inflacionarias que carcomen las sociedades. Sin embargo, la misma ausencia de una política monetaria limita la respuesta de estos países frente a choques internos y externos. Es más, los hace incluso aún más vulnerables a efectos de crisis ocasionadas internacionalmente.
Con una pandemia que recién empieza y de la magnitud que estamos apenas dimensionando, las aguas parecen inclinarse hacia las desventajas y los sistemas dolarizados se vuelven una camisa de fuerza para estos tres países.
Hoy, Panamá, El Salvador y Ecuador necesitan grandes cantidades de dólares, no sólo para costear la respuesta a la crisis sanitaria, sino también para asegurar una masa monetaria en circulación que les permita mantener sus sistemas de dolarización. Masa monetaria que siempre depende de los movimientos comerciales y financieros que realizan con el extranjero. Dado el freno económico mundial, la entrada de dólares, ya sea por inversión, exportación o remesas, se contraen significativamente. Por otro lado, la salida de dólares se incrementa, ya que en momentos de incertidumbre, los dólares suelen volar como golondrinas en busca de nidos más seguros. La revista The Economist tildó de “brutal”, la cantidad de capitales que están saliendo de países-en-desarrollo desde finales de enero, cuando la pandemia empezaba a cruzar fronteras.
En el caso salvadoreño, el problema de la economía no es solo la transmisión de los contagios del coronavirus, sino la transmisión de la crisis económica que se está cocinando en Estados Unidos. Desde que El Salvador se dolarizó en el año 2001, los dólares en circulación han tenido soporte, en gran medida, por el ingreso de dólares en forma de remesas, las cuales hoy están en declive. A principios de marzo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estimó una contracción entre el -5 % y el -11 % para las remesas que recibirá El Salvador en el 2020. Esta estimación pone a dicho país en una situación similar a la que enfrentó en el 2009 cuando las remesas cayeron en un -9.5 % debido a la crisis financiera internacional de ese año. En esa ocasión, El Salvador tuvo que esperar casi tres años para volver a recibir el mismo nivel de remesas previo a la crisis del 2009. Sin embargo, el escenario actual se muestra aún más difícil, ya que la estimación preliminar del BID se hizo con el supuesto de que las remesas caen en un 10 % por cada punto porcentual de contracción de la economía estadounidense, lo cual cada vez tiene estimaciones más negativas. Según la estimación a finales de abril por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la economía estadounidense se contraería en casi un -6 % en el 2020. De ser así, la caída en el nivel de remesas para El Salvador sería sin precedentes y podría ser aún mayor a la estimación más pesimista, que es del -20 % según el Banco Mundial.
A la contracción de las remesas se suma la recesión económica interna del país y su dependencia al ciclo económico en Estados Unidos. El Banco Central de la Reserva de El Salvador estima que por cada punto porcentual que se contrae la economía estadounidense, la economía salvadoreña se contrae en 0.8 puntos porcentuales. La estimación de una contracción del -6 % en Estados Unidos asume una reactivación económica fuerte a partir de junio de este año, lo cual cada vez es más incierto, dado que el número de contagios de covid-19 siguen incrementándose en la gran mayoría de Estados.
El requerimiento de dólares que tiene El Salvador es también exacerbado por las necesidades que el país tiene para responder a la demanda sanitaria. Se presume que solo ejecutar las medidas planteadas por el Gobierno frente a la pandemia podría cuadruplicar el déficit fiscal para finales del 2020. En este escenario, es importante notar que El Salvador recibe un alivio dado los precios tan bajos del petróleo, los cuales reducirán los costos de importación de combustible y así abaratar, en algo, los costes de su economía.
De los tres países dolarizados, se podría decir que Panamá está en mejor situación de combate. A Panamá le socorre su sistema bancario, pernicioso por su falta de transparencia, pero, precisamente por su poca regulación, se hace atractivo para que dólares lleguen a depositarse en sus arcas. Panamá es el único que tiene, al momento, acceso a mercados de capital para endeudarse y poder inyectar dólares. Sin embargo, el acceso a financiamiento se irá limitando y encareciendo mientras se deteriora la economía mundial. Panamá tiene la tasa más alta de contagios por millón de habitantes en Latinoamérica.
Al extremo opuesto de Panamá esta Ecuador. El país andino camina al filo del abismo económico. Ecuador depende del petróleo como su principal fuente de ingreso de dólares, el cual está siendo cotizado a precios históricamente bajos. Con el índice de riesgo país más alto de Latinoamérica, tras Venezuela, Ecuador no tiene acceso a mercados de capital para endeudarse y el acuerdo que firmó con el FMI en el 2019 aún no ha podido concretarlo, por lo cual los desembolsos han quedado estancados. No puede pasarse por alto, además, que Ecuador tiene el número más alto de muertes por millón de habitantes debido a la pandemia.
Como era de esperarse, los tres países dolarizados de Latinoamérica le tocaron la puerta al FMI. Los tres países han recibido desembolsos de carácter urgente en las ultimas semanas. Pero es importante notar que los desembolsos recibidos fueron a través del Instrumento de Financiamiento Rápido, el cual tiene menos dientes que los temidos y arcaicos acuerdos del FMI. También significa que están limitados en cuanto a los montos, ya que estos están ligados a las cuotas que cada país tiene invertido en el FMI. Tanto Panamá y El Salvador han recibido el máximo, ya que esos montos representan el 100 % de sus cuotas; mientras que Ecuador ha recibido solo un 70 %. Con las políticas actuales del FMI, futuros desembolsos tendrán que venir con su respectivo acuerdo, es decir con un programa que incluya lo que el FMI llama “movilización de recursos” y “estabilización fiscal”, léase: paquetazos y recortes de presupuesto por todos lados.
La situación es critica a nivel mundial y esta amerita políticas extraordinarias. De ahí la decisión de los países ricos de acudir a los bancos centrales para imprimir moneda. Muchos países de Latinoamérica empiezan a plantearse la misma opción. Los países dolarizados, en teoría, cuentan con la opción de endeudarse, pero los mercados de capital son cada vez más caros e inaccesibles, como es el caso para El Salvador y Ecuador. Por otro lado, la emisión de deuda interna, como es el caso de las letras del tesoro (LETES) en El Salvador, son mecanismos de financiamiento que nunca han sido bien vistos ni por las calificadoras de riesgo ni por el FMI.
En este contexto, los países dolarizados están con las manos atadas. Sin embargo, de ponerse de acuerdo, estos tres países podrían persuadir tanto a Estados Unidos como al FMI para buscar un trato preferencial. Panamá, El Salvador y Ecuador son casos únicos, ya que, además de tener relaciones comerciales cercanas con Estados Unidos, también son economías más grandes que el resto de países que tienen sistemas dolarizados: Islas Marshall, Micronesia, Palau, Timor-Leste.
Intentar un trato preferencial de manera unilateral sería un desperdicio. Ni siquiera Panamá, el cual cuenta con el canal como un activo estratégico para Estados Unidos, ha logrado tener trato preferencial. Sin embargo, el momento de oportunidad es precisamente ahora, en el que el mundo entero discute medidas extraordinarias para enfrentar la pandemia que presenta situaciones extraordinarias. La Unión Europea empieza a discutir emisiones de deuda a través de eurobonos para ayudar a España e Italia, los más golpeados por la pandemia. En el Congreso estadounidense, tres congresistas demócratas han propuesto un proyecto de ley que solicite al FMI que relaje los condicionamientos para que países del sur puedan acceder a financiamiento. Todo está en juego en estos momentos.
Es precisamente el FMI la única institución que tiene el músculo y los instrumentos para inyectar liquidez a las reservas mundiales. No a través de sus programas de ajuste draconianos, sino a través de su sistema de Derecho Especial de Giro (SDR por sus siglas en inglés). Cada vez son más las voces que piden que el FMI amplíe la capacidad de emisión de Derecho Especial de Giro, y es ahí donde los países dolarizados, de ponerse de acuerdo y jugar sus cartas diplomáticas pertinentes con Estados Unidos y el FMI, pueden solicitar un trato preferencial dada la singularidad de sus economías.
Ricardo Hausmann, conocido economista liberal, y quien siempre deploró que Latinoamérica rara vez utilizaba la política cambiaria y monetaria de manera efectiva, alertó el grave problema que van a enfrentar los tres países dolarizados, a menos que reciban un trato preferencial. Lograr ese trato preferencial requiere una política exterior inteligente y coordinada, lo cual no debería ser mucho pedir, a menos que la miopía política opaque la mirada a largo plazo de los jefes de Estado que hoy ejercen el poder en Panamá, El Salvador, y Ecuador.
